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El descomunal presupuesto de la Legislatura: hasta regalan plata

Sábado 18 de Agosto de 2012 08:29:24 | Tiene la mitad de los fondos que gasta la Municipalidad capitalina, para atender a solamente 49 bendecidos.

 Opinión

Yo te avisé

Año I de la guerra del oficialismo tucumano

Por Alvaro José Aurane

Finalmente, el alperovichismo le declaró la guerra al amayismo. Antes de lo que en la Intendencia esperaban. O más bien anhelaban. Claro que no está todo dicho (nada, en política, lo está). Resta saber si es una guerra de aniquilación o de dominación, si admitirá tregua o será sin cuartel, si será lenta y desgastante o rápida y furiosa.

Es decir, el objetivo es truncar las aspiraciones del jefe municipal a pelear por la gobernación, pero lo que aún se ignora es con qué alcance. Si es para que acepte integrar la fórmula Juan Manzur-Domingo Amaya, que pregona un ala de la Casa de Gobierno. O si es para borrarlo de la faz de 2015, porque el binomio será Beatriz Rojkés-Osvaldo Jaldo, como insinúa el otro flanco.

Por estas horas, el alperovichismo tiene Plan A, B, C (la reforma constitucional)... Y los testea a todos. Pero la guerra con el amayismo no es un plan: es un hecho.

Y es una realidad porque una cosa son las maniobras hostiles y otra las acciones beligerantes.

Las hostilidades, que no son nuevas, consisten, por ejemplo, en secar las fuentes de financiamiento de la Capital para obras públicas. Que van desde no darle a la intendencia ni un peso de los $ 70 millones del Fondo Soja, hasta tratar de cerrar las puertas que el amayismo busca abrir en la Casa Rosada, y gracias a las cuales logró montar una planta de asfalto propia para su democracia pavimentadora citadina.

Acto de guerra política, en cambio, es estrangular el flujo de recursos para los sueldos. Porque el retraso de trabajos públicos enoja vecinos, pero el retraso de salarios incendia municipalidades.

Derogan la "ley pareja"

La declaración de guerra alperovichista presenta agravantes. Son, básicamente, tres.

El primero: el alperovichismo ajusta en año de gracia.

En 2010, junto con la refinanciación integral de la deuda pública tucumana, la Nación se hizo cargo por dos años de los "servicios" de ese pasivo. Y luego, desde este año, lo hizo por un bienio más. O sea, el que recorta fondos es el gobernador de la recaudación provincial récord, que recibe un 25% más de coparticipación federal que en 2011, y que ni siquiera debe pagar por la deuda que duplicó.

El segundo: no se está ante el primer episodio.

El alperovichismo no depositó el mes pasado $ 8 millones para el medio aguinaldo. No conforme con ello, en este agosto retaceó $ 2 millones más.

El tercero: el ajuste no es para todos.

Hoy lo sufren, en particular, San Miguel de Tucumán y Alderetes. En ese último distrito, Andrés Galván (bloque Partido de los Trabajadores) obtuvo la mitad de los votos que lo consagraron legislador. Lo cual, para el intendente Julio Silman significó que su adversario, Aldo Salomón, no sentara como legisladora a su esposa, Graciela Gutiérrez (secundaba a Víctor Lossi en el acople de Todos por Tucumán). Pero para el Ejecutivo representó que la lista oficial del Este no sentara un décimo miembro en la bancada de Tucumán Crece.

A diferencia de la Capital, Alderetes priorizó este mes el salario de ediles y funcionarios respecto de los compromisos con proveedores. Si persiste el ajuste, puede que en septiembre no sea así.

No hay "austeridad", en cambio, para la entidad que jamás tuvo un "no" para la Casa de Gobierno.

Gastos de representación

La Legislatura (esa institución que cobra notoriedad no por las leyes que aprueba por orden del Ejecutivo, sino por los insultos homofóbicos y discriminatorios que referentes del oficialismo profieren por iniciativa propia) previó para sí un presupuesto de $ 380 millones para este año. O sea, $ 1 millón por día.

Esa es una de las razones por las que no se puede acceder públicamente a la pauta de ingresos y egresos del parlamento tucumano. Cuando se trató el Presupuesto Provincial 2012, en diciembre, las autoridades legislativas dijeron que, por demoras indescifrables, no habían llegado a confeccionar las planillas con el cálculo de recursos y erogaciones de la Cámara. Así que en la copia que entregaron a los legisladores y a la prensa figura cada área de la administración pública centralizada y descentralizada... salvo la Legislatura.

Los $ 380 millones de gasto parlamentario, según se filtró, se reparten en tres grandes áreas.

La primera, de tipo estructural, está dada por los gastos de funcionamiento de la institución, que -siempre según las fuentes oficiosas- suman $ 40 millones anuales.

De ese monto, $ 8 millones se prevén para bienes de consumo: limpieza, papelería, combustibles, diarios y revistas, comestibles y mantenimiento de edificios, como la nueva sede de $ 130 millones.

Otros $ 12 millones se separan para los servicios no personales: viáticos, gastos de cortesía y homenajes, publicidad, y servicios públicos (telefonía, luz y agua). Más las erogaciones del Servicio Asistencial Médico (SAM), que reintegra el 100% de los gastos médicos de los legisladores.

Los $ 20 millones restantes corresponden a bienes de uso, que deben tener una vida útil superior a un año, y pueden ser registrables (automóviles o inmuebles) o no (computadoras y muebles).

Hay tanta que la regalan

El segundo componente del gasto legislativo son las Transferencias: $ 75 millones. Ellas financian los gastos sociales. Subsidios, a los efectos formales. Clientelismo, a los efectos prácticos.

Esta es la plata con la que los legisladores "hacen política". Es, para dar un ejemplo, la plata que regala la legisladora Camila Khoder, quien -huelga decirlo- no es ni remotamente la única que incurre en esa práctica.

Las Transferencias corresponden a transacciones que no suponen la contraprestación de bienes ni servicios ni el reintegro por parte del beneficiario. O sea, no se pueden pagar salarios con ellas.

Uno para ti, tres para mí

La erogación en personal, tercera pata del gasto legislativo, insume los $ 265 millones restantes. Cabe distinguir dos escalas.

La primera: la dieta de los 49 legisladores será de $ 17.000 desde septiembre. Multiplicada por 13 mensualidades (aguinaldo incluido), son casi $ 11 millones.

A cada legislador, en principio, le asignan 10 empleados de bloque (los asesores), de $ 4.000 por mes cada uno: $ 25,5 millones más. Los $ 228,5 millones restantes corresponden a la inescrutable planta permanente (incluye a los contratados que llevan décadas en calidad de tales) y a la todavía más inaccesible planta transitoria.

Es decir, pagadas las dietas de los legisladores y los sueldos de sus asesores, todavía hay un gasto en nombramientos y contrataciones por $ 17,6 millones mensuales (aguinaldo incluido), que no son directamente atribuibles a los parlamentarios: los maneja la Presidencia de la Cámara.

Eso mismo ocurre con los $ 75 millones de las Transferencias: la asignación general es de $ 50.000 en gastos sociales para cada parlamentario. Pero multiplicada por 12 meses (no son salarios) y por 49 legisladores, el resultado da $ 30 millones. ¿Y los otros $ 45 millones?

Dicho de otro modo: los $ 75 millones equivalen a $ 128.000 mensuales en gastos sociales para cada legislador. O sea que por cada uno que sólo recibe $ 50.000, alguien se está llevando los casi $ 80.000 de diferencia.

Pero eso no exime de culpa a los parlamentarios: el control, que es su deber, empieza por casa.

O lo uno o lo otro

La segunda escala sale de la perspectiva interna. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán tiene una planilla salarial mensual de $ 40 millones: $ 520 millones anuales, para atender una población de 600.000 ciudadanos.

La Legislatura gasta en personal $ 265 millones anuales, la mitad que la administración capitalina, pero no para atender a 300.000 ciudadanos (la mitad de los capitalinos) sino sólo a 49.

O faltan 299.951 legisladores, o el gasto de la Cámara se halla, por así decirlo, algo desfasado.

Lo prometido y la deuda

Esta es la Legislatura que sólo iba a costarle $ 100 millones por año a los tucumanos. Ese fue el compromiso del gobernador, José Alperovich, y de su compañero de fórmula, Juan Manzur, en la campaña electoral 2007.

Porque el mandatario sostenía que era una "barbaridad" que la gestión de Fernando Juri hubiese llevado el gasto parlamentario a $ 200 millones anuales. Así que, repetía Manzur, reducirían los costos a la mitad y con los $ 100 millones de diferencias harían obras.

Insumiendo el cuádruple de lo prometido, ¿cuáles son las obras que no están haciendo para los tucumanos? Y, por cierto, ¿qué calificativo le cabe al doble de gasto de la "barbaridad" jurista?

La circunstancia por la cual el alperovichismo legislativo no ve inconvenientes en un gasto anual de $ 265 millones sólo para personal, mientras el alperovichismo ejecutivo recorta $ 2 millones para los salarios de la Municipalidad capitalina, tiene un solo nombre: guerra.

No esperen la proclama beligerante oficial: ya se está librando.


Fuente: http://www.lagaceta.com.ar/nota/506470/opinion/ano-i-guerra-oficialismo-tucumano.html

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