La reforma procesal necesita fondos para ser eficiente, advierte un juez

Sábado 22 de Octubre de 2016, 07:22




El estilo campechano y directo hace de Rafael Gutiérrez un juez atípico. “Presidente” por partida doble -de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y de la Jufejus, organización que congrega a los superiores tribunales del país-, Gutiérrez puede hablar con propiedad y conocimiento de la reforma procesal penal que la Legislatura de Tucumán sancionó este jueves.

Ocurre que el nuevo código entró en vigor en Santa Fe hace dos años y que ese modelo influyó en la enmienda local: autoridades judiciales santafesinas incluso vinieron a esta ciudad a contar su experiencia, y legisladores y jueces tucumanos viajaron a la provincia litoraleña para tomar contacto con el sistema remodelado in situ.

“Sin fondos, la reforma procesal penal no funciona”, avisa Gutiérrez en una charla en el despacho de la vocal Claudia Sbdar. “Nosotros estamos ‘rengos’”, agrega el titular de la Jufejus, quien viajó a Tucumán para abrir una actividad de mediación y encabezar una reunión de la Comisión Directiva de su entidad.

-¿Cómo evalúa el funcionamiento del nuevo proceso penal?

-Es un cambio de 180 grados. La oralidad reemplaza a la escritura y hay más participación del pueblo por medio de las audiencias públicas. Además, acortó el trámite y concentró la gestión en una oficina, que recibe las denuncias, asigna los casos y programa las audiencias.

-¿El sistema cumple la promesa de incrementar los niveles de resolución de conflictos?

-Es importante la posibilidad de acuerdo entre la acusación y la defensa, entendimiento que debe ser homologado por el juez.

-¿Y qué pasa con la víctima del delito? ¿Logra jerarquizarla y conferirle mayor protagonismo?

-Claro. El nuevo código aumentó su participación en el proceso y su capacidad para controlarlo.

-La reforma procesal penal exige una gran inversión estatal...

-Por supuesto. Sin fondos, esto no funciona. Sin fiscales ni tribunales, no funciona. Hay que tener en cuenta que el juez que interviene en la investigación no puede participar en el juicio oral. Hay que ampliar el número de magistrados y tener en cuenta lo residual, que son los casos que vienen de antes. Nosotros fijamos tres años para terminar con el trámite de las causas viejas y algunos jueces deben ocuparse de ellas. El plazo se cumple en 2017.

-¿El Estado santafesino aplicó los fondos que el nuevo código demandaba?

-Estamos rengos. Ahora se están ampliando las designaciones de fiscales. Nosotros conseguimos un préstamo para la informatización, pero el Poder Ejecutivo rescindió el contrato. ¿Qué implicó? Que no hicieron nada. Y lamentablemente perdimos dos años con una obra adjudicada y financiación del Banco Mundial. Sin tecnología, el cambio tampoco funciona. A eso hay que sumar la enorme cantidad de cargos judiciales vacantes. Pero por nuestros requerimientos y los de otras instituciones, la tortuga se está moviendo.

-Algunos políticos tucumanos afirman que el nuevo código incrementa la seguridad. ¿Es así?

-No tiene nada que ver. Es un gran error y hay que dejarlo claro. Cada vez que ocurren delitos graves, quieren trasladar la responsabilidad al Poder Judicial. Pero hay que tener en cuenta que este actúa después de los hechos: el órgano encargado de prevenir es el Poder Ejecutivo por medio de la Policía. En Rosario hace poco hubo una marcha de 20.000 personas que exigieron que los poderes del Estado dejen de echarse la culpa entre ellos. Parece que ahora estamos volviendo a “Blumberg” (sic, en referencia a la época de Juan Carlos Blumberg): quieren mayores penas, pero los jueces aplicamos las leyes que sancionan los Poderes Legislativos y la Constitución. No podemos extralimitarnos.

-Rosario se convirtió en un símbolo del narcotráfico. ¿Cómo se llegó hasta ahí?

-Siempre fue una ciudad complicada, pero no hubo una verdadera política de seguridad. Hasta 2007 esto no pasaba, más allá de que hubo un avance nacional del narcotráfico por la falta de control de las fronteras y la escasez de jueces federales. Otro problema es que no hay cárceles federales en todas las provincias.

-¿Los jueces provinciales deben dar acceso público a sus declaraciones juradas?

-En Santa Fe nosotros lo hacemos cuando hay un interés legítimo. Además, nuestro código de ética nos obliga a actualizar las declaraciones juradas cada año.

-¿Cuántos relatores tienen usted y sus pares?

-Uno por ministro. Después hay temas en común, como son los incidentes de competencia y de recusación que resolvemos en la reunión de acuerdo de cada martes para que no haya demoras.

-¿Cómo eligen al presidente de la Corte de Santa Fe?

-En la última reunión de acuerdo de noviembre. Antes no había rotación, pero desde hace dos años alternamos entre el norte (ministros residentes en la ciudad de Santa Fe) y el sur (ministros residentes en Rosario).

-La Justicia recibe cuestionamientos como nunca. ¿Cuál es el humor en la Jufejus?

-Lo que pasa es que lo de (los Tribunales Federales de) Comodoro Py repercute en todo el país. La gente opina sin haber ido nunca al Poder Judicial.
 

Fuente: http://www.lagaceta.com.ar/nota/704387/politica/sin-fondos-reforma-procesal-penal-no-funciona.html